Se recuperan las visitas que el personal de control realiza a los negocios, conocidos como peinados fiscales, y en los que se realizan actuaciones de todo tipo, desde comprobar y actualizar la información censal o la detección de fallos en los sistemas de facturación.

Es en este apartado donde la actuación de los inspectores de Hacienda se enfocará al sector de la construcción inmobiliaria, especialmente en lo que se refiere a la rehabilitación y reformas.

Se intensificarán los controles de residencia, en primer lugar, para detectar a aquellos contribuyentes que dicen vivir en una comunidad diferente para aprovecharse de una tributación inferior.

También para regularizar la situación de los extranjeros que viven en España más de la mitad del año, pero que no tributan aquí por la renta generada en todo el mundo, «sino que lo siguen haciendo, incorrectamente, a través del impuesto sobre la renta de no residentes» que cuenta con tipos impositivos más bajos que el IRPF y que solo grava los ingresos generados en el país, una triquiñuela que según Hacienda está bastante generalizada.

Para acabar con estas prácticas, se reforzará el control de inmuebles propiedad de sociedades opacas.

Las operaciones con criptomonedas seguirán bajo la lupa del fisco en este ejercicio, en el que también se reforzará el control de las plataformas de comercio electrónico y se hará un seguimiento de los contribuyentes que en años anteriores recibieron cartas de aviso de Hacienda para ver si están al día de sus obligaciones tributarias.

Sanciones personalizadas.

En materia sancionadora, la Agencia Tributaria prevé implantar este año un nuevo sistema que gradúe las multas en función del historial de cada contribuyente, penalizando más a los que tengan un registro previo de incumplimientos, al tiempo que vigilará a los que, tras haber realizado regularizaciones, no modifican su comportamiento fiscal.